Que los mineros de El Oro ni del país se han beneficiado con el Mandato que sobre el tema ordenó la Asamblea Constituyente, a instancias del gobierno central, fue la apreciación de Marco Reyes Machuca, presidente de la Cámara de Minería de Machala.
Según Reyes, el citado Mandato fue sólo un preámbulo de lo que les epera a los mineros en caso de aprobarse la nueva Constitución. En su opinión en ese proyecto, también se afecta a la referida actividad.
“Y es que en la nueva Constitución se contempla lo siguiente: 50% de utilidades irán para el Estado; las patentes costarán entre 10 y 20 dólares por hectárea; el costo de producción estará en el 50%; así cómo vamos a poder continuar con nuestras actividades”, manifestó Reyes.
Además expresó que a todo eso habrá que añadirle el 12% del IVA, el 15% para los trabajadores, el 25% para pagar el Impuesto a la Renta, del 3 al 8% en regalías y que el exceso de producción será 70% para el Estado y 30% para el minero.
“Con este escenario político, creemos que nuestra actividad no e favorecerá sino que saldrá perjudicada; por eso convoco a que piensen muy bien al momento de decidir si apoyan o no a la nueva Constitución”, recalcó el dirigente.
Reyes junto con otros mineros participaron ayer de una conferencia en donde se trataron otros temas como el de los permisos para la movilización de explosivos y el proyecto de la nueva Ley de Minería.
Un punto de tipo financiero fue el expuesto por Ricardo Valdéz, agregado cmercial de la Embajada de Canadá en Ecuador, quien habló sobre las perspectivas de la inversión extranjera y la minería en el país.
Fuente Diario Opinión
jueves, 21 de agosto de 2008
jueves, 14 de agosto de 2008
Moratoria de la minería: una mala copia
Una de las características de los políticos ecuatorianos es su incapacidad de proponer soluciones realistas a los problemas del país, su incapacidad de ver dos y tres pasos hacia el futuro y por consecuencia logran cerrar el país a las oportunidades de desarrollo.
Tal es el caso de la copia de malos proyectos legales de otros países, en el caso de la minería el 1997 Act 171: Mining Moratorium Law de Wisconsin que parece que se quiere aplicar al país.
¿Que pasó en Wisconsin?
Un político cuestionable firmó una ley restrictiva de la minería que exigía probar entre otras cosas, mostrar casos (improbables) de minas que no hayan tenido un impacto en el agua.
¿Qué está mal?
Primero partir de malos supuestos. Toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente de eso no hay duda, no existe una sola actividad que no genere algún tipo de daño colateral. Si trasladásemos el espíritu de la ley Act 171, 293.50 de Wisconsin a toda otra actividad humana, encontraríamos que no podrían existir permisos para agricultura, forestación, industria, comercio, turismo, cultura, servicios e incluso la administración pública. Practicamente sería el fin de la civilización en cualquier lugar donde se imponga una ley tan absurda.
En segundo lugar, traer leyes absurdas a nuestra tierras implica dispararse en el pie. No es lo mismo el estado de Wisconsin en EE.UU. donde la gente tiene acceso a un mercado TLCAN de más de 400 millones de potenciales consumidores, y nuestro país donde toda oportunidad está cerrada para las personas y monopolizada por un Estado ineficiente y donde el comercio es restrictivo y no tenemos TLC con EE.UU. ni acuerdos comerciales con otros países, ni siquiera un arancel común en el Área Andina.
En EE.UU. Canadá, Rusia o China los mineros tienen muchas oportunidades en proyectos metálicos y no metálicos, y si el estado de Wisconsin aprueba una ley absurda, los norteamericanos tienen otros 49 estados para probar suerte y varias provincias canadienses para trabajar. En Ecuador no sucede lo mismo, cerrada la minería los mineros se empobrecen, migran dejando a su familia, pasan hambre y punto.
Tal es el caso de la copia de malos proyectos legales de otros países, en el caso de la minería el 1997 Act 171: Mining Moratorium Law de Wisconsin que parece que se quiere aplicar al país.
¿Que pasó en Wisconsin?
Un político cuestionable firmó una ley restrictiva de la minería que exigía probar entre otras cosas, mostrar casos (improbables) de minas que no hayan tenido un impacto en el agua.
¿Qué está mal?
Primero partir de malos supuestos. Toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente de eso no hay duda, no existe una sola actividad que no genere algún tipo de daño colateral. Si trasladásemos el espíritu de la ley Act 171, 293.50 de Wisconsin a toda otra actividad humana, encontraríamos que no podrían existir permisos para agricultura, forestación, industria, comercio, turismo, cultura, servicios e incluso la administración pública. Practicamente sería el fin de la civilización en cualquier lugar donde se imponga una ley tan absurda.
En segundo lugar, traer leyes absurdas a nuestra tierras implica dispararse en el pie. No es lo mismo el estado de Wisconsin en EE.UU. donde la gente tiene acceso a un mercado TLCAN de más de 400 millones de potenciales consumidores, y nuestro país donde toda oportunidad está cerrada para las personas y monopolizada por un Estado ineficiente y donde el comercio es restrictivo y no tenemos TLC con EE.UU. ni acuerdos comerciales con otros países, ni siquiera un arancel común en el Área Andina.
En EE.UU. Canadá, Rusia o China los mineros tienen muchas oportunidades en proyectos metálicos y no metálicos, y si el estado de Wisconsin aprueba una ley absurda, los norteamericanos tienen otros 49 estados para probar suerte y varias provincias canadienses para trabajar. En Ecuador no sucede lo mismo, cerrada la minería los mineros se empobrecen, migran dejando a su familia, pasan hambre y punto.
jueves, 7 de agosto de 2008
Inflación y chantaje a petroleras y mineras
Según El Comercio, el régimen negociará con ejecutivos de las empresas petroleras, pero mas bien se puede calificar a la actuación del gobierno como un grosero chantaje, actuación hecha costumbre primero contra la empresa Porta, luego contra las empresas mineras y ahora con las petroleras, embanderando la anulación o no renovación de contratos, la confiscación de activos o la reversión de concesiones. Qué vergüenza ¿Cómo se espera que el país tenga inversiones, empleos y creación de riqueza? Encima el país enfrenta su más alta inflación en años como se afirma aquí, aunque hay soluciones como las que se menciona acá, la solución para las familias es hacer las compras en AGOSTO antes de que el impacto inflacionario de septiembre carcoma los bolsillos familiares.
viernes, 1 de agosto de 2008
Ecuador tiene futuro minero pero necesita inversión extranjera
En esta semana se hizo público el anuncio de la minera Iamgold de que el Ecuador puede producir 224 mil onzas de oro sólo en el proyecto Quimsacocha. Las posibilidades en otros yacimientos son impresionantes.
Pero Ecuador requiere de un marco legal que permita la explotación de yacimientos con pleno respeto a las inversiones nacionales y extranjeras, que permita la inversión directa en las comunidades cercanas, con pocas regulaciones, que respete el medio ambiente y la propiedad privada de los habitantes cercanos.
Como ejemplo negativo tenemos el ejemplo de Rusia, que por apropiarse de yacimientos petroleros explotados por la empresa Yukos y amenazar a otras empresas con expropiaciones, ha logrado que la economía se tambalee con impresionantes desplomes del mercado con más de 60 mil millones de pérdidas en títulos y que luego causan fuertes pérdidas de empleos y riqueza generada en beneficio de grandes masas de ciudadanos.
La producción petrolera rusa está estancada por dos grandes motivos: la expropiación de Yukos y posterior manejo estatal ineficiente, y la huída o inversión limitada de los capitales extranjeros por las amenazas del Kremlim con usar extraños subterfugios legales para confiscar empresas rentables.
Aprendamos de los errores ajenos y pensemos en un reglamento minero claro en favor de todos: ciudadanos, empresarios, gobiernos locales y los patrimonios de todos: reservas ecológicas, concesiones mineras y propiedades privadas y públicas.
Pero Ecuador requiere de un marco legal que permita la explotación de yacimientos con pleno respeto a las inversiones nacionales y extranjeras, que permita la inversión directa en las comunidades cercanas, con pocas regulaciones, que respete el medio ambiente y la propiedad privada de los habitantes cercanos.
Como ejemplo negativo tenemos el ejemplo de Rusia, que por apropiarse de yacimientos petroleros explotados por la empresa Yukos y amenazar a otras empresas con expropiaciones, ha logrado que la economía se tambalee con impresionantes desplomes del mercado con más de 60 mil millones de pérdidas en títulos y que luego causan fuertes pérdidas de empleos y riqueza generada en beneficio de grandes masas de ciudadanos.
La producción petrolera rusa está estancada por dos grandes motivos: la expropiación de Yukos y posterior manejo estatal ineficiente, y la huída o inversión limitada de los capitales extranjeros por las amenazas del Kremlim con usar extraños subterfugios legales para confiscar empresas rentables.
Aprendamos de los errores ajenos y pensemos en un reglamento minero claro en favor de todos: ciudadanos, empresarios, gobiernos locales y los patrimonios de todos: reservas ecológicas, concesiones mineras y propiedades privadas y públicas.
jueves, 24 de julio de 2008
Amnistía para ecologistas ¿y los derechos de los mineros?
Me entero que ayer la Asamblea dio amnistías a manifestantes ecologistas y pseudodirigentes contrarios a explotación minera, sin embargo ¿quién vela por los derechos de los trabajadores mineros y sus familias?
Todos tenemos derechos que deben estar garantizados, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre los temas que creemos que nos efectan, todos tenemos derecho a trabajar y a que se nos repete el trabajo y la comunidad.
Pero se ha dado amnistía a personas que en unos casos han violentado los derechos de los trabajadores mineros obstaculizando su trabajo, quemando sus campamentos y ocupando las instalaciones. ¿Y los derechos de los mineros que se ganan el pan pacíficamente? ¿cuando se reabre la minería?
Todos tenemos derechos que deben estar garantizados, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre los temas que creemos que nos efectan, todos tenemos derecho a trabajar y a que se nos repete el trabajo y la comunidad.
Pero se ha dado amnistía a personas que en unos casos han violentado los derechos de los trabajadores mineros obstaculizando su trabajo, quemando sus campamentos y ocupando las instalaciones. ¿Y los derechos de los mineros que se ganan el pan pacíficamente? ¿cuando se reabre la minería?
martes, 8 de julio de 2008
Ley Minera y desarrollo
Por Leonardo Elizalde
La nueva Ley Minera, norma que determinará el futuro de la industria minera en nuestro país, ya fue entregada al Presidente de la República para su revisión y análisis. Cabe recordar que antes de la redacción del documento, la Asamblea Constituyente expidió el Mandato Minero que determinó la paralización del sector, la pérdida de inversiones y la desocupación de miles de trabajadores. La reorganización del sector minero fue el argumento para la drástica medida, ahora de cara a esa regularización se promueve la nueva ley, la que –aspiramos– se convierta en un motor para el desarrollo de la minería responsable.
El establecimiento de nuevas reglas, sin embargo, no ha contado con el tiempo suficiente para un debate profundo, amplio y plural, por ello surgen interrogantes y expectativas, pues poco, muy poco, se conoce del texto remitido a Carondelet.
Estas buenas intenciones deben trascender el discurso, traducirse en el articulado e incluir importantes elementos relacionados con la producción, estabilización y competitividad indispensables para que el sector se desarrolle en el mercado internacional de minerales, en forma paralela se debe considerar que los factores que incidirán en la expansión de la industria minera son altamente especializados y dinámicos, los que exigen no perder de vista los aspectos geológicos, científicos, ambientales y sociales. Estos cuatro conceptos deben dar estructura al documento oficial que, necesariamente, requiere agregar consideraciones como la sustentabilidad y responsabilidad corporativa de las empresas mineras.
Uno de los elementos de mayor sensibilidad de la ley es la filosofía de discrecionalidad que puede prevalecer en varios apartados de la misma, más en el caso puntual de la interrupción de la continuidad de un derecho minero concebido desde la exploración hasta la comercialización de los minerales. Si ese fuese el caso, toda posibilidad de captación de inversiones quedaría anulada.
La regla básica de la industria minera mundial es la seguridad jurídica anclada a la claridad de las reglas y transparencia de los procedimientos, las millonarias inversiones que imponen los proyectos mineros no pueden de manera alguna estar supeditadas al manejo de múltiples decisiones discrecionales en diferentes niveles de la estructura burocrática.
La variable competitividad debe privilegiarse con la idea de permitir que germine la industria en plena competencia con países vecinos que figuran entre los principales productores de cobre y oro; en esa lógica, todo tipo de control es válido en cuanto sea necesario para equilibrar los intereses del Estado, la producción, el máximo cuidado ambiental y los beneficios de las comunidades.
La ética y la equidad deben ser la esencia del manejo de los ingresos que generará la minería profesional, poniendo especial énfasis en la distribución directa a las comunidades, respetando la viabilidad financiera de los proyectos y evitando que otras leyes se contrapongan e impidan la correcta aplicación de la Ley Minera.
Es de interés nacional efectuar un puntual seguimiento de los detalles y curso de la ley, pues de su contenido dependerá que aprovechemos la oportunidad histórica de establecer un proceso de desarrollo económico y social basado en la explotación racional de los recursos mineros.
Publicado en El Universo
La nueva Ley Minera, norma que determinará el futuro de la industria minera en nuestro país, ya fue entregada al Presidente de la República para su revisión y análisis. Cabe recordar que antes de la redacción del documento, la Asamblea Constituyente expidió el Mandato Minero que determinó la paralización del sector, la pérdida de inversiones y la desocupación de miles de trabajadores. La reorganización del sector minero fue el argumento para la drástica medida, ahora de cara a esa regularización se promueve la nueva ley, la que –aspiramos– se convierta en un motor para el desarrollo de la minería responsable.
El establecimiento de nuevas reglas, sin embargo, no ha contado con el tiempo suficiente para un debate profundo, amplio y plural, por ello surgen interrogantes y expectativas, pues poco, muy poco, se conoce del texto remitido a Carondelet.
Estas buenas intenciones deben trascender el discurso, traducirse en el articulado e incluir importantes elementos relacionados con la producción, estabilización y competitividad indispensables para que el sector se desarrolle en el mercado internacional de minerales, en forma paralela se debe considerar que los factores que incidirán en la expansión de la industria minera son altamente especializados y dinámicos, los que exigen no perder de vista los aspectos geológicos, científicos, ambientales y sociales. Estos cuatro conceptos deben dar estructura al documento oficial que, necesariamente, requiere agregar consideraciones como la sustentabilidad y responsabilidad corporativa de las empresas mineras.
Uno de los elementos de mayor sensibilidad de la ley es la filosofía de discrecionalidad que puede prevalecer en varios apartados de la misma, más en el caso puntual de la interrupción de la continuidad de un derecho minero concebido desde la exploración hasta la comercialización de los minerales. Si ese fuese el caso, toda posibilidad de captación de inversiones quedaría anulada.
La regla básica de la industria minera mundial es la seguridad jurídica anclada a la claridad de las reglas y transparencia de los procedimientos, las millonarias inversiones que imponen los proyectos mineros no pueden de manera alguna estar supeditadas al manejo de múltiples decisiones discrecionales en diferentes niveles de la estructura burocrática.
La variable competitividad debe privilegiarse con la idea de permitir que germine la industria en plena competencia con países vecinos que figuran entre los principales productores de cobre y oro; en esa lógica, todo tipo de control es válido en cuanto sea necesario para equilibrar los intereses del Estado, la producción, el máximo cuidado ambiental y los beneficios de las comunidades.
La ética y la equidad deben ser la esencia del manejo de los ingresos que generará la minería profesional, poniendo especial énfasis en la distribución directa a las comunidades, respetando la viabilidad financiera de los proyectos y evitando que otras leyes se contrapongan e impidan la correcta aplicación de la Ley Minera.
Es de interés nacional efectuar un puntual seguimiento de los detalles y curso de la ley, pues de su contenido dependerá que aprovechemos la oportunidad histórica de establecer un proceso de desarrollo económico y social basado en la explotación racional de los recursos mineros.
Publicado en El Universo
viernes, 4 de julio de 2008
Asamblea Constituyente estatiza minería y otros sectores
El histórico triunfo de Liga Universitaria de Quito que todos festejamos no debe distraernos de los graves problemas que la Asamblea Constituyente está generando con artículos lesivos del interés popular. Entre estos días, entre festejos por la Liga y el rescate de Ingrid Betancourt, se aprobaron sin mucho ruido quizá los más graves artículos contra la economía popular, la noticia publicada en El Comercio es tremenda, el Estado acaparará todos los sectores estratégicos de la economía. El Comercio reporta:
La legislación aprobada en Montecristi afecta a la minería y a la industria porque obligará al Estado a ser accionista mayoritario de las concesiones mineras. Como el Estado gasta su dinero en subsidios y en proyectos de dudosa legalidad como Coca Codo Sinclair poco será lo que aporte para el capital de las empresas mineras mixtas. Gigantescos yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno quedarán enterrados o subexplotados porque el Estado deberá priorizar las explotaciones mineras en donde invertirá el presupuesto de los ecuatorianos. Además la pérdida de interés de las mineras, particularmente de las canadienses, hará menos factible la explotación pues los términos de las concesiones han cambiado una vez más, se conmina a las mineras a ser socios minoritarios y encima pagarán regalías extras además de los impuestos sobre renta, concesión, etc.
También el agua se estatiza poniendo en riesgo el acceso a este valioso recurso, el agua como servicio es provisto actualmente por las municipalidades, generalmente subsidiando el servicio y sin competidores particulares. En Machala y Guayaquil se dispone de mejor servicio de agua pero estas concesiones las revertirá el Estado aprobada la nueva constitución (casi un hecho), pronto todo el país sufrirá de la ineficiencia inherente al Estado central, tal como acontece en Manta donde el gobierno central financia la obra y mantiene a una pujante ciudad sin servicio hídrico. Y ya saben lo que se dice: el servicio más caro es el que no se tiene, la Asamblea Constituyente pone fin al acceso al agua y a la riqueza minera generadora de empleo.
Primero el Estado centraliza estos sectores económicos y luego delegará aquellos que tengan participación privada a ser accionistas minoritarios del negocio, nadie sabe como se hará esto pero implicará posiblemente nuevas reversiones de concesiones y renegociación de contratos con las empresas que tengan participación en recursos naturales o agua. Los afectados seran Manta (TripleOro) y Guayaquil (Interagua) cuyos servicios de agua potable son gestionados por la empresa privada.La nueva Constitución señalará también que la administración, regulación, control y gestión de las áreas estratégicas solo corresponderá al Estado. Bajo ese principio, se considera entre los sectores estratégicos a la energía, las telecomunicaciones, la minería, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación, el espectro electromagnético y el agua. No obstante, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y de servicios públicos a empresas mixtas, siempre que sea su principal accionista.En este punto, la Asamblea dejó abierta la puerta para poner fin a las concesiones para aquellas empresas privadas que dan servicio público, como el agua.
La legislación aprobada en Montecristi afecta a la minería y a la industria porque obligará al Estado a ser accionista mayoritario de las concesiones mineras. Como el Estado gasta su dinero en subsidios y en proyectos de dudosa legalidad como Coca Codo Sinclair poco será lo que aporte para el capital de las empresas mineras mixtas. Gigantescos yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno quedarán enterrados o subexplotados porque el Estado deberá priorizar las explotaciones mineras en donde invertirá el presupuesto de los ecuatorianos. Además la pérdida de interés de las mineras, particularmente de las canadienses, hará menos factible la explotación pues los términos de las concesiones han cambiado una vez más, se conmina a las mineras a ser socios minoritarios y encima pagarán regalías extras además de los impuestos sobre renta, concesión, etc.
También el agua se estatiza poniendo en riesgo el acceso a este valioso recurso, el agua como servicio es provisto actualmente por las municipalidades, generalmente subsidiando el servicio y sin competidores particulares. En Machala y Guayaquil se dispone de mejor servicio de agua pero estas concesiones las revertirá el Estado aprobada la nueva constitución (casi un hecho), pronto todo el país sufrirá de la ineficiencia inherente al Estado central, tal como acontece en Manta donde el gobierno central financia la obra y mantiene a una pujante ciudad sin servicio hídrico. Y ya saben lo que se dice: el servicio más caro es el que no se tiene, la Asamblea Constituyente pone fin al acceso al agua y a la riqueza minera generadora de empleo.
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